Declaración de los cineastas cubanos

Este texto del g/20, que forma parte de las reflexiones del grupo sobre los dos años de trabajo, fue leído en la Asamblea de cineastas celebrada el pasado 30 de mayo en el Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate. La Asamblea decidió asumir el documento como una declaración de los cineastas, firmarlo y divulgarlo por los medios a nuestro alcance, ante la demora en obtener resultados concretos para nuestras demandas.

Desde el primer encuentro que sostuvimos, hace ya más de dos años, nuestra legítima decisión de actuar como gremio y la demanda de una Ley de Cine enfrentaron incomprensiones y suspicacias. Se pasó por alto que había comenzado una reestructuración del ICAIC de la que no éramos parte y que, seis años antes, habíamos presentado al VII Congreso de la UNEAC un pormenorizado informe en el que exponíamos la urgencia de remodelar el sistema del cine cubano, proponiendo un conjunto de medidas concretas para eso.

Así llegamos al VIII Congreso de la UNEAC, donde quedó evidenciado el retroceso del trabajo de esa organización que debe representarnos y una predisposición expresa frente a la necesidad de la Ley de Cine por la que abogamos. Tampoco esa vez se tuvo en cuenta que estábamos trabajando, en ese y otros temas, junto con la presidencia del ICAIC y la propia Comisión Nacional de Implementación de los Lineamientos, y que existía pleno consenso acerca de la importancia de esta Ley. Lo sucedido en el Congreso, la posición asumida por la UNEAC y la pragmática y agotadora metodología de trabajo de la propia Comisión Nacional de Implementación de los Lineamientos, nos dejaron clara la importancia de abrir al debate público los temas realmente cruciales para nuestro cine y nuestra cultura en el presente, dado que nuestros propósitos estaban siendo tergiversados o, por lo menos, mal interpretados.

La cultura se hace con los artistas, en sintonía con el patrimonio espiritual y popular de una nación; es ajena al verticalismo y exige de una participación real que la haga parte efectiva de la construcción de una sociedad. Por eso, nuestro reclamo de una Ley de Cine es el reclamo por el verdadero papel que la cultura toda debe tener en ese rediseño nacional del que queremos ser parte.

Se nos ha explicado que en el país están teniendo lugar cambios estructurales por los que se debe esperar; se nos dice que la Ley de Cine es el final de un proceso precedido de la aprobación de un grupo de objetivos parciales; se nos expone que la elaboración de una ley sigue un protocolo muy complejo, que solo es posible con la participación de todas las instancias del Estado, e, incluso, se nos ha dejado entrever que hay leyes y asuntos más urgentes que el nuestro.  No estamos de acuerdo.  Creemos que el propio trabajo que hemos compartido con el ICAIC y otras instancias del Estado evidencia la urgencia de articular el conjunto de nuestras necesidades y demandas en un sistema único del cual el propio ICAIC sería una parte esencial. Por lo tanto, es imposible una efectiva reestructuración de nuestro Instituto de Cine si no comenzamos por entender su función y lugar dentro de ese nuevo contexto.

Consideramos que es un error insistir en el tejido de esa sábana de retazos al que conduce la adopción de cada medida por separado, medidas que se hace complejo elaborar y aprobar, precisamente porque no son parte de un diseño integral. Es un error pretender que la sumatoria de esas medidas puntuales es la que va a definir el sistema al que aspiramos, cuando en realidad es el diseño previo del sistema quien debe otorgar sentido cultural y estratégico a cada paso que demos. Esta es la única manera para que ese lugar hacia el que queremos avanzar quede claramente expuesto a la vista de todos.

Ya en el orden práctico, la inexcusable lentitud en las respuestas que esperamos ha evidenciado que la Ley de Cine, pese a la complejidad que entraña su diseño, es el mejor camino para hacer entender lo que necesitamos. La mayor prueba la ofrece esa década que llevamos esperando por la creación de un marco legal de funcionamiento para las productoras independientes, responsables de la mayor parte del cine que hacemos, y en las que se inserta la mayoría de los jóvenes cineastas. Todos nuestros interlocutores nos aseguran tener plena conciencia de la importancia de resolver esta anormalidad, pero en el fondo existe una obvia dificultad para asumir el modelo de propiedad que ese reclamo entraña y, desde luego, hay inquietud por los contenidos que estas productoras generan y seguirán generando. Pero también pesa el hecho de que no se entiende el lugar de estas productoras dentro del sistema del cine cubano, ni los diferentes modelajes culturales y estratégicos que, para cada uno de los actores de ese sistema, una Ley haría posible.

A partir de estas y de otras consideraciones, nos queda claro que las opciones de trabajo y de diálogo que hasta aquí se nos han ofrecido no nos sirven para expresar cabalmente nuestros propósitos. La ausencia de resultados concretos evidencia su incapacidad para dar respuestas a tiempo frente a la gravedad de los problemas acumulados. Pero también son la prueba de que es un error reducir la complejidad de esos problemas a fórmulas de trabajo que no nos permiten desarrollar cabalmente nuestras inquietudes y propuestas. La Ley de Cine es el mejor terreno para hacernos entender. Por eso, aunque los pasos inmediatos siguen siendo la legalización de las productoras independientes y la implementación del Fondo de Fomento, la elaboración de nuestra propuesta de Ley de Cine se convierte en un objetivo prioritario para el nuevo grupo de trabajo que se derive de la elección libre y abierta que a continuación concretaremos.

La puerta vuelve a quedar abierta para el ICAIC, el MINCULT, la UNEAC y todas las instancias del Estado sin las cuales es imposible la aprobación de una Ley de esta naturaleza. Este será el mejor contexto para lograr un consenso verdadero. Mientras que este diálogo real no tenga lugar más allá del ICAIC y del propio Ministerio de Cultura con quienes ahora trabajamos, seguiremos expuestos a errores como el cierre por decreto de las salas 3D, la censura anónima de obras como Regreso a Ítaca, la reticencia a que se hable de la Ley de Cine en nuestros medios, o el desmesurado debate institucional que el paquete semanal desata. Simplemente, el propio Estado carece de un sistema cultural que asuma y articule el funcionamiento de esos actores que conforman la dinámica audiovisual y cinematográfica.

Las prohibiciones y censuras son la más clara evidencia de la ausencia de estrategias verdaderas en zonas tan sensibles de la producción y el consumo del arte en el presente. Un déficit con graves consecuencias culturales, sociales y políticas. Y no estamos hablando aquí del lugar previsto para la cultura en el rediseño nacional, sino del deber que le asiste a la cultura de ser parte activa de ese propio rediseño, en tanto cada medida que se toma en el terreno económico, político o social tiene un impacto cultural directo o indirecto. Es decisivo entonces recolocar la cultura y el debate continuo que ella propicia en el lugar que le corresponde. La Ley de Cine a que aspiramos apunta directamente en ese sentido.

Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate, 30 de mayo de 2015